Deberes familiares: la educación de los menores


El pasado día 28 de abril de 2012, se publicó en el diario online de información jurídica DiarioJurídico.com  una noticia cuyo titular fue:

Multa de 1.440 euros para un matrimonio de Burgos por las ausencias de su hija al colegio

Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2009, cuando la hija menor del matrimonio no acudió al colegio por motivos injustificados; concretamente, no acudió al colegio 110 días en el curso 2004-2005; 111 días en el curso 2005-2006; más de 70 días en el curso 2007-2008, y no estuvo escolarizada en el mes de octubre; y alrededor de 70 días en el curso 2008-2009. El Ministerio Fiscal y el abogado defensor llegaron a un acuerdo previo en el que se imponía una multa de 720 euros a cada cónyuge, por lo que no se llegó a celebrar el juicio.

El procedimiento se inició mediante querella del Ministerio Fiscal en base al artículo 226 del Código Penal, que refiere:

Art. 226 CP

1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

No se trata, ni de lejos, del primer proceso penal abierto por abandono de menores por absentismo escolar (léase, por ejemplo, la Sentencia número 36/2012, de 27 de enero, de la Audiencia Provincial de Ourense; la Sentencia número 223/2010, de 9 de noviembre, de la Audiencia Provincial de León; o la Sentencia número 212/2010, de 26 de octubre, de la Audiencia Provincial de León).

La respuesta del porqué esta conducta se encuentra recogida en el Código Penal se encuentra en la Constitución española. En efecto, el derecho a la educación – del cual son sujetos los menores, entre otros – es un derecho fundamental (art. 27.1 CE); de manera que los que ostenten la patria potestad tienen la obligación de velar por su cumplimiento.

Jurisprudencial y doctrinalmente, se entiende que las conductas que quedan recogidas en el ámbito de aplicación del artículo 226 del Código Penal son las siguientes:

  • Ausencia elevada del menor a la escuela, como es el caso de la noticia referida, sin que reciba otro tipo de educación, reglada o no.
  • No escolarización del menor, sin que reciba otro tipo de educación, reglada o no.

La exigencia de que no reciba ningún tipo de educación, reglada o no, se desprende del mismo apartado 1º del artículo 27 de la Constitución española, puesto que se reconoce la libertad de enseñanza. Ergo, si los padres educan a sus hijos en el domicilio o acuden a centros que imparten educación aunque no sea la reglada, no incurren en ningún tipo de responsabilidad penal.

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