Aspectos prácticos y económicos del comiso del vehículo


Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modifica el Código Penal, el vehículo utilizado en los delitos contra la seguridad del tráfico es considerado instrumento del delito (art. 385bis CP), y su decomiso responderá a lo establecido en los artículos 127 y 128. En otras palabras, el conductor que supere la tasa de 0,60mg/l de aire expirado, por ejemplo, o conduzca sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción, o haya perdido su vigencia por pérdida total de puntos, verá que su vehículo es retirado por los servicios policiales y quedará a disposición judicial. Desde ese momento y hasta que no se dicte sentencia, el “instrumento” permanecerá en el Depósito de Vehículos; posteriormente, la resolución judicial establecerá si se devuelve al autor o si, por el contrario, es subastado.

La primera dificultad práctica a la que estos preceptos no dan solución es la titularidad del vehículo. Nadie está obligado a circular con un vehículo de titularidad propia. Así pues, ¿qué ocurre si el titular y el conductor son personas distintas? Parece que la voluntad del legislador con esta modificación ha sido evitar que los autores de los delitos contra la seguridad del tráfico no puedan reiterar su conducta, y en segundo lugar, resarcir la indemnización de las eventuales víctimas lo antes posible.

Siguiendo el mismo razonamiento, la conclusión es que si el conductor puede tener acceso al vehículo con cierta facilidad (por ejemplo, porque es el conductor habitual pero es propiedad y de titularidad de su pareja), el vehículo debería ser decomisado y subastado. Claro está, entra en conflicto con el principio de culpabilidad al extender los efectos directos penales hacia terceras personas relativamente ajenas al procedimiento penal. Sin embargo, la acción alternativa vacía de contenido el precepto y anula la voluntad legislativa. En efecto, si el vehículo se entrega a su titular, el autor del hecho podría volver a conducir infringiendo el Código Penal, igual que ocurría con anterioridad a la reforma de 2010. En definitiva, deberá ser la jurisprudencia la que configura esta vertiente práctica, por lo que deberemos esperar a que empiecen a haber sentencias firmes.

Otro aspecto no menos importante es la consecuencia económica, no sólo para el perjudicado, sino para la Administración. Desde que ingresa en el Depósito de Vehículos hasta que se dicta sentencia, suelen transcurrir varios meses, incluso años; y a ello hay que sumar el tiempo que necesita el procedimiento de subasta para vender el “instrumento del delito”. Considerando que la permanencia en el depósito cuesta unos 10 euros diarios, y que transcurre un año, el total que el ente encargado de la gestión de ese depósito deja de percibir unos 3.650 euros, sin contar los gastos del arrastre. Esta cantidad debería contar como gasto de la subasta para que fuera saldada en primer lugar.

El problema radica en “por cuánto dinero se subasta”: si lo obtenido de la subasta no cubre ni siquiera los gatos que el propio procedimiento ha originado, el ente gestor no verá resarcida la totalidad de la deuda; ¿puede reclamar la cantidad restante al autor originario del delito; o a la Administración de justicia por la “dilación” en el procedimiento? Pero incluso puede ser que la sentencia dicte la entrega del vehículo a su titular. En este caso, ¿quién pagará esa deuda? Y el problema económico se agrava sobre todo cuando en un mismo depósito se encuentran inmovilizados varios vehículos a espera de resolución judicial y subasta. De nuevo, si traemos a colación la idea del legislador de la subasta como mecanismo de obtener líquido para indemnizar a las víctimas del delito, ¿cómo va a poderse resarcir a estas personas si ni siquiera se satisfacen los gastos de la subasta?

Y todo ello teniendo en cuenta que los vehículos son un bien que, con el curso del tiempo, pierden valor; además, es posible que, si hay víctimas, el vehículo que se intenta subastar haya sufrido daños, por lo que su valor sería todavía inferior. En definitiva, es posible que los gastos generados por el procedimiento judicial y de subasta sean superiores al valor del vehículo decomisado.

Una posible solución que podría salvar estos problemas sería establecer unos requisitos jurisprudenciales de cuándo debería operar esta nueva medida como, por ejemplo: “sólo se intervendrá el vehículo cuando“:

  • El conductor del vehículo haya cometido un delito contra la seguridad del tráfico (o se tengan indicios suficientes y claros de que podría haberlo cometido; por ejemplo, ingesta de drogas o sustancias estupefacientes con resultado positivo en el test),
  • Esté implicado en un accidente con resultado de daños o lesiones graves,
  • El autor del delito sea el responsable del accidente, y
  • El autor sea el titular del vehículo.

Un comentario en “Aspectos prácticos y económicos del comiso del vehículo

  1. Pues sí, yo creo que la solución a este embrollo pasará por llevar a cabo la medida sólo en los casos que enumeras al final: comisión del delito por el titular del vehículo e implicación en accidente grave como responsable del mismo.
    Mientras tanto, seguiremos improvisando…;-D

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