Cuando concurre la vía penal y administrativa


Tal y como prescribe el principio de “non bis in idem”, no se puede sancionar a la misma persona por los mismos hechos si la naturaleza de la sanción es la misma. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad dista de la teoría? Por ejemplo, por conducir un vehículo sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción se ha incoado un procedimiento administrativo y penal. ¿Cómo se soluciona esta situación?

La situación descrita en el ejemplo se encuentra regulada en el artículo 2 Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

1. Cuando en el procedimiento administrativo se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta penal perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y proseguirá el procedimiento absteniéndose de dictar resolución mientras la autoridad judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resolución que le ponga fin.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados, y una vez acordada la suspensión del procedimiento administrativo, se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal acabara por otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento administrativo.

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el ordenamiento jurídico vigente, las situaciones que pueden encontrarse y sus respectivas soluciones son las siguientes:

  • Se incoa el procedimiento administrativo y, durante su tramitación, se tiene conocimiento de un hecho delictivo -> el procedimiento se paraliza y se da traslado al Ministerio Fiscal.
  • Se incoa el procedimiento administrativo y procedimiento penal simultáneamente -> el procedimiento administrativo puede proseguir hasta la fase de resolución; no se podrá dictar resolución hasta que no se resuelva la vía penal.
  • Se incoa y se dicta resolución en vía administrativa antes que en vía penal -> según la teoría, este supuesto no podría darse nunca, pero la realidad es diferente. Si la sanción administrativa no se ha hecho efectiva, la sentencia la dejará sin efecto y primará la pena. Por contra, si se ha abonado, la sentencia deberá recoger esa sanción y “restarla” de la pena; si las sanciones son de diferente índole (sanción administrativa económica y pena privativa de libertad), se deberá ordenar la devolución de la sanción administrativa abonada por el reo y cumplir únicamente la pena establecido en la sentencia.

En conclusión, los efectos que tiene el procedimiento penal sobre el procedimiento administrativo son tres, a saber:

  • Suspensión del procedimiento administrativo.
  • Se interrumpen los plazos de prescripción para la acción de reclamación de la vía administrativa. No tendría sentido que los plazos continuara su marcha si el procedimiento se ha suspendido.
  • Los hechos probados en vía penal son vinculante; esto es, el procedimiento administrativo deberá respetar los hechos probados en la sentencia.
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18 comentarios en “Cuando concurre la vía penal y administrativa

  1. Hola Rafa,

    La jurisdicción penal no queda vinculada por las decisiones del procedimiento administrativo, por lo que no cabría alegar el principio. Sin embargo, a la inversa sí que es posible: aquello probado en vía penal necesariamente ha de ser tenido en cuenta en el procedimiento administrativo.

    Así, entre otros, el art. 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: “En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.” (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#a77)

    ¿Cuándo opera esta norma? Imaginemos, por ejemplo, que en la sentencia penal se establecen unos hechos probados pero que el fallo no es condenatorio porque los hechos no son constitutivos de delito. El procedimiento administrativo se reanudará pero deberá basarse en los hechos probados en la sentencia, y sobre ellos deberá fundamentar la sanción administrativa.

    Lógicamente, los hechos “probados” en el procedimiento administrativo no vinculan al proceso penal.

    Saludos.

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