Cuando concurre la vía penal y administrativa


Tal y como prescribe el principio de “non bis in idem”, no se puede sancionar a la misma persona por los mismos hechos si la naturaleza de la sanción es la misma. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad dista de la teoría? Por ejemplo, por conducir un vehículo sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción se ha incoado un procedimiento administrativo y penal. ¿Cómo se soluciona esta situación?

La situación descrita en el ejemplo se encuentra regulada en el artículo 2 Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

1. Cuando en el procedimiento administrativo se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta penal perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y proseguirá el procedimiento absteniéndose de dictar resolución mientras la autoridad judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resolución que le ponga fin.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados, y una vez acordada la suspensión del procedimiento administrativo, se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal acabara por otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento administrativo.

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el ordenamiento jurídico vigente, las situaciones que pueden encontrarse y sus respectivas soluciones son las siguientes:

  • Se incoa el procedimiento administrativo y, durante su tramitación, se tiene conocimiento de un hecho delictivo -> el procedimiento se paraliza y se da traslado al Ministerio Fiscal.
  • Se incoa el procedimiento administrativo y procedimiento penal simultáneamente -> el procedimiento administrativo puede proseguir hasta la fase de resolución; no se podrá dictar resolución hasta que no se resuelva la vía penal.
  • Se incoa y se dicta resolución en vía administrativa antes que en vía penal -> según la teoría, este supuesto no podría darse nunca, pero la realidad es diferente. Si la sanción administrativa no se ha hecho efectiva, la sentencia la dejará sin efecto y primará la pena. Por contra, si se ha abonado, la sentencia deberá recoger esa sanción y “restarla” de la pena; si las sanciones son de diferente índole (sanción administrativa económica y pena privativa de libertad), se deberá ordenar la devolución de la sanción administrativa abonada por el reo y cumplir únicamente la pena establecido en la sentencia.

En conclusión, los efectos que tiene el procedimiento penal sobre el procedimiento administrativo son tres, a saber:

  • Suspensión del procedimiento administrativo.
  • Se interrumpen los plazos de prescripción para la acción de reclamación de la vía administrativa. No tendría sentido que los plazos continuara su marcha si el procedimiento se ha suspendido.
  • Los hechos probados en vía penal son vinculante; esto es, el procedimiento administrativo deberá respetar los hechos probados en la sentencia.

12 comentarios en “Cuando concurre la vía penal y administrativa

  1. Este principio se conoce en el Derecho del Commonwealth como “double jeopardy”. En Argentina, las causas penales deben resolverse antes que las civiles (por ejemplo, en accidentes de tránsito con lesiones), pero la acción civil no prescribirá siempre y cuando el damnificado se hubiera constituído como querellante en el proceso penal. Por otra parte, la sentencia en el proceso penal no es vinculante para el juez civil.

    Perdón por meterme. Saludos!

    1. Hola Mario,

      Muchas gracias por tu aportación. Precisamente, el blog se creó con este ánimo, para que la gente participara. Para nada tienes que pedir perdón por meterte.

      A lo que te refieres, aquí es conocido como “prejudicialidad penal”, que opera en procesos no sancionadores (civiles), y se regula en el artículo 40 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil:

      “1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.

      2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias:

      Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil.

      Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

      3. La suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia.”

      Desconocía que la figura homóloga se llamara “double jeopardy”.

      De nuevo, muchas gracias por tu aportación.

      Un saludo.

  2. Hola:

    Cuando comentais:
    “Se incoa y se dicta resolución en vía administrativa antes que en vía penal -> según la teoría, este supuesto no podría darse nunca, pero la realidad es diferente. Si la sanción administrativa no se ha hecho efectiva, la sentencia la dejará sin efecto y primará la pena. Por contra, si se ha abonado, la sentencia deberá recoger esa sanción y “restarla” de la pena; si las sanciones son de diferente índole (sanción administrativa económica y pena privativa de libertad), se deberá ordenar la devolución de la sanción administrativa abonada por el reo y cumplir únicamente la pena establecido en la sentencia.”

    habría que pensar también en la posibilidad de que la defensa del acusado o acusada no planteara en el juicio la cuestión de la sanción administrativa ya abonada. Pongamos, que se despistó. ¿Qué cabría hacer una vez que la sentencia es firme? Yo entiendo que poco, pues pasó el momento adecuado para plantear esa cuestión. Sin embargo, también me parece injusto que la persona acusada cargue con el dichoso “bis in idem”.

    Gracias por vuestros comentarios

    Saludos

    1. Hola,

      Lo que propones no es en absoluto descabellado y en efecto podría suceder en la práctica.

      El caso podría ser el siguiente: 1) la policía denuncia a un infractor, por ejemplo, por arrojar una tasa de alcohol superior a 0,60mg/l de aire espirado e instruyen atestado, por lo que se inicia la vía penal; 2) los agentes entregan la copia del boletín de denuncia al infractor y éste, por desconocimiento o porque conoce que goza de un 50% de reducción del importe total si lo abona en los siguientes 20 días o por cualquiera de las otras ventajas (artículos 74.3.d y 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), paga la sanción administrativa; 3) en vía penal, resulta culpable en base al artículo 379 del Código Penal y el abogado no alegó el pago en vía administrativa, o aunque lo hubiera hecho, se impone una pena no pecuniaria (es decir, trabajos en beneficio de la comunidad o pena de prisión), por lo que no puede reducirse el pago de la sanción administrativa de los días en prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad.

      La teoría del “non bis in ídem” dice que esta situación no puede darse, pero resulta que, si el infractor paga la denuncia en el acto o en los días siguientes, no se abre procedimiento administrativo, pues el pago fija su terminación. Por tanto, la teoría dice que se parará el procedimiento administrativo, pero en este caso no, porque no ha llegado a “existir”.

      En definitiva, la única solución que puede resultar efectiva es plantear un recurso en sede administrativa. Claro está, el mismo artículo 80 establece que el pago de la denuncia supone la renuncia de presentar alegaciones, se agota la vía administrativa y comienza a contar el plazo para acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. Aún así, en la web del SCT (Servicio Catalán de Tráfico) de Cataluña (http://www.gencat.cat/transit) existe un formulario para solicitar la devolución de ingresos indebidos; entiendo que este formulario serviría para solicitar la devolución del pago de la sanción administrativa, justificando que ya ha sido condenado en vía penal por el mismo hecho.

      En efecto, es injusto que recaiga esta carga en la persona acusada/sancionada, pero teóricamente no tendría que darse este supuesto nunca en la práctica: la policía da conocimiento al departamento de tráfico correspondiente y no entrega la copia del boletín de denuncia al infractor, sino que lo puede adjuntar al atestado para que el Juez valore, o remitirlo al departamento de tráfico informándole de la instrucción de diligencias. De esta manera, el infractor no podrá pagar el importe de la sanción administrativa hasta que se resuelva la vía penal, en la que se establecerá la pena o la reanudación del procedimiento administrativo.

      Gracias por la aportación.

      Un saludo.

      1. Hola

        En relación con lo que comentais, queda claro que lo mas conveniente es solicitar la compensación de lo ya pagado por sanción en el acto del juicio penal, siempre que ello sea posible. De lo contrario hay que ir a la solicitud de ingresos indebidos (con la demora que ello supone) e incluso a la vía contenciosa. Se entiende, pues, que cierta solución puede haber, pero de producirse será lenta y costosa (vía contenciosa). En definitiva, hay que estar siempre muy atento a la posibilidad de invocar la cuestión prejudicial penal, de cara a evitar posteriores molestias.

        En linea con lo anterior, esto también es aplicable a otros procedimientos administrativos iniciados, por ejemplo, por la Agencia Tributaria o por la Consejería de Hacienda correspondiente. Teniendo en cuenta que ambas disponen de la facultad de resolver sobre este asunto. Pero nuevamente nos encontramos con “tirar la moneda y esperar que caiga”…

        Muchas gracias por vuestro interesante comentario

        Saludos

    1. Hola,
      Las diferencias entre el proceso penal y el procedimiento sancionador administrativo son bastantes, independientemente de si se trata de una persona física o jurídica. Tanto las partes, la carga de la prueba, el “documento” que pone fin, los plazos, las posibles vías de recurso… varían según estemos en una vía u otra.

      Saludos.

  3. Me acaba de llegar ayer una multa de 200 euros que me dice que voy haciendo zig zag en la calle y ya pase el juicio porque me paro un guardia civil secreta y di positivo en alcoholemia me quitan el carnet y multa de 720 euros debería pagar la multa de 200 o que debería hacer gracias

    1. Buenos días,

      Si tanto la sanción de tráfico (administrativa) como la pena guardan identidad de hechos, de sujeto y de fundamento, no tendría que ser sancionado por las dos vías.

      Podría presentar un escrto de alegaciones en vía administrativa adjuntando copia de la sentencia, pero la recomendación es que consulte a un profesional para que le indique si existe esa triple identidad y si se encuentra o no ante un caso de non bis in idem.

      Saludos.

  4. En un procedimiento de ejecución de títulos judiciales, donde mediante un Auto se ordena el embargo de bienes de los deudores en un plazo de mes, si n cumplen,descubre el acreedor perjudicado que los deudores han donado su propiedad a sus hijos para quedarse insolventes y no responder por sus deudas en fraude de acreedores.- Qué procede hacer presentar ante el fiscal la denuncia de alzamiento de bienes o decírselo al Juez de Instancia que lleva el procedimiento de ejecución. ?.
    Por favor espero respuestas. Gracias
    e-mail jegalbis@hotmail.com

  5. Buenas tardes,

    Gracias por comentar en el blog, pero no podemos dar una respuesta que supla el asesoramiento legal por parte de un profesional, puesto que hay que valorar cada caso particular antes de asesorar qué opción es la mejor.

    Saludos.

  6. Mi reflexión es la siguiente con relación al principio ” non bis idem “. Un procedimiento de ejecución( VÏA CIVIL ) por incumplimiento acuerdo recogido en Auto de un Juzgado de Instancia, proced, basado en los art. 517.3, Art. 538, Art. 539 y Art. 699 de la LEC,, no tiene nada que ver con delito de ALZAMIENTO DE BIENES ( VÏA PENAL ) Art. 257 y ss. CP , que cometen los avalistas en fraude de acreedores para evitar el embargo dictado por el Juez de Instancia .del procedimiento de ejecución y evitar responder de sus obligaciones con su propiedad ( conociendo que el deudor principal es insolvente )… Ante esta situación es posible dirigir por acreedora perjudicada DENUNCIA PENAL ante Juzgado de Guardia o ante el Fiscal para que sean conocedores del presunto delito de ALZAMIENTO DE BIENES ?
    Gracias por vuestros comentarios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s