Principio de proporcionalidad


Otro de los grandes y más fundamentales principios limitadores del derecho penal es el de proporcionalidad, que, a grandes rasgos, establece que la consecuencia jurídica vaya en consonancia con el hecho delictivo. De este principio se derivan mandamientos tanto para el legislador como para la Autoridad judicial que dicta la correspondiente sentencia.

En primer lugar, requiere que se la pena abstracta, la que se fija en el Código Penal, sea adecuada para tutelar el bien jurídico que se pretende proteger (exigencia de adecuación). Se ha de tener en cuenta que el motivo de la existencia de esta rama del ordenamiento jurídico y de la imposición de penas privativas de libertad es precisamente este: proteger una serie de bienes jurídicos fundamentales y necesarios para la pacífica convivencia; si las penas que se prevén no pueden garantizar su tutela, el derecho penal no tiene razón de existencia.

Pero si sólo se atiende a la protección de los bienes jurídicos penalmente relevantes, podría entenderse que el establecimiento de la pena privativa de libertad para TODOS los ilícitos penales cumpliría con este cometido. Por ello, el principio de proporcionalidad también exige que la pena prevista sea la mínima imprescindible para tutelar estos bienes jurídicos (exigencia de necesidad). Esta vertiente del principio de proporcionalidad no sólo obliga al legislador, sino también al Juez, en tanto que – cuando la ley penal prevea varias penas alternativas – deberá escoger para el caso concreto aquella consecuencia jurídica más “necesaria”, esto es, menos restrictiva pero que cumpla con el cometido; y deberá individualizar la consecuencia jurídica cuando dicte sentencia: si el homicidio prevé una pena privativa de libertad de 10 a 15 años, el Juez deberá establecer la cantidad exacta teniendo como límite mínimo 10 años y, como máximo, 15.

Finalmente, requiere que la sanción prevista responda a la gravedad del hecho delictivo. Esto obliga al legislador a establecer una gradación de hechos-penas, con los problemas que ello comporta y que fueron explicados en entradas anteriores; y obliga al Juez a ponderar los hechos a la hora de fijar la pena, de ahí que el Código Penal establezca unos varemos (“…de 10 a 15 años…”) que dejarán un cierto margen para valorar la gravedad de los hechos concurrentes en ese caso concreto.

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