No todo son penas y medidas de seguridad


En entradas anteriores, se explicó la pena y sus tipos, la medida de seguridad, cómo se conjugan en supuestos de semimputables y las reformas que entrarán en vigor el 23 de diciembre y que afectan a este aspecto. Sin embargo, las diferentes consecuencias derivadas de un ilícito penal no se agotan con las penas y las medidas de seguridad; mas al contrario, existen consecuencias “invisibles” para la mayoría de personas pero que han de tenerse muy en cuenta.

Todas las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un ilícito penal son:

SANCIONES PENALES  +  RESPONSABILIDAD CIVIL  +  COSTAS PROCESALES

– Penas

– Medidas de seguridad

– Consecuencias accesorias:

  • Comiso*
  • Consecuencias para personas jurídicas*

*Modificado por la LO 5/2010

SANCIONES PENALES

En cuanto a las sanciones propiamente penales, ya se ha hecho mención a las penas y a las medidas de seguridad. Referente a las consecuencias accesorias, a día de hoy han de destacarse dos:

  • Comiso o decomiso: se regula en los artículos 127 y 128 del Código Penal. La imposición de una pena por un ilícito doloso conlleva el (de)comiso de los efectos obtenidos y de los bienes utilizados para su perpetración, independientemente de los cambios que hayan experimentado. Si no fuera posible, se comisarán los bienes del autor por un valor equivalente; en otras palabras, podrán decomisarse los bienes del autor aunque no hayan sido adquiridos gracias a los beneficios del ilícito. Por ejemplo, en los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), además de la pena que se imponga, de ordenará la pérdida de los beneficios obtenidos por este tráfico ilegal, de las drogas que estén en posesión del condenado y de todas las herramientas, objetos y otras substancias de las que se valía para cometer el delito y, si no fuera posible, se comisarán otros bienes del autor. La única excepción es que estos bienes se encuentren sean propiedad de un tercero (ej: el autor los vendió antes de la orden de embargo y precinto) y éste los adquirió de buena fe, esto es, desconociendo que se usaron para cometer el ilícito. En cuanto al destino de los bienes decomisados, se ha de distinguir entre:
    • Bienes de ilícito comercio (ej: drogas): lo que se establezca reglamentariamente y, en defecto de normativa específica aplicable, se inutilizarán.
    • Bienes de lícito comercio (ej: un vehículo comprado con los beneficios del tráfico de drogas): se venderán para cubrir las responsabilidades civiles del penado, si otra ley no establece otra cosa. En este caso, puede ordenarse el decomiso parcial o no decretarse, sólo si, además de ser de lícito comercio, se han cubierto las responsabilidades civiles del condenado o el valor del bien sea desproporcionado a la gravedad del ilícito cometido.
  • Consecuencias para las personas jurídicas: la finalidad de estas consecuencias accesorias es prevenir la continuidad en la comisión de ilícitos penales. Hasta el 23 de diciembre de 2010, son las únicas sanciones que pueden imponerse a las personas jurídicas en sede penal. Son sanciones facultativas, y su imposición no es automática, sino que debe venir motivada por la Autoridad judicial. Estas sanciones son:
    • Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años.
    • Disolución de la sociedad, asociación o fundación.
    • Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
    • Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.
    • La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.

La LO 5/2010 – que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010 – ha introducido modificaciones en los artículos que regulan las consecuencias accesorias, a saber:

  • Comiso o decomiso: se añade un párrafo en el apartado 1º del art. 127 CP relativo a organizaciones o grupos criminales o terroristas. Además, se podrá decretar el comiso de bienes cuando se cometan delitos IMPRUDENTES, si la pena prevista es privativa de libertad superior a un año.
  • Consecuencias para las personas jurídicas: la reforma del Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los arts. 31 y 33.7 CP. El nuevo art. 129 CP extenderá la misma responsabilidad a las empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones SIN personalidad jurídica.

RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil derivada de delito o “ex delicto” se regula en los arts. 109 a 122 CP. Cualquier hecho delictivo (delito o falta) conlleva la restitución, reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados. El fundamento de esta responsabilidad se encuentra en el art. 1902 Cc, que establece la obligación de reparar los daños causados en sede civil.

En muchos casos, sólo se ve la parte penal del ilícito, y se menosprecian los daños o perjuicios que se causan. En efecto, la conducta más reprochable es la penal. Sin embargo, la responsabilidad civil puede ser en muchos casos muy importante, pues encajan diversos tipos de daños: materiales y morales, causados a la víctima, a sus familiares o a terceros (art. 113 CP). Disparar a una persona y matarla conllevaría responsabilidad penal por la muerte (homicidio o asesinato, según cómo transcurrieron los hechos) y responsabilidad de civil por el sufrimiento de haber perdido a un ser querido (daños morales) y por la vestimenta dañada por el disparo y la sangre (daños materiales), por ejemplo.

No se ha de confundir ambos tipos de responsabilidades:

  • Responsabilidad penal: cometer un hecho tipificado como delito o falta. Es cierto que, en algunos casos, el uso de la fuerza o la violencia son agravantes o requisitos necesarios del tipo penal, pero no quiere decir que, al conllevar una sanción penal de más gravedad, la responsabilidad civil se encuentre inherente.
  • Responsabilidad civil: daños y perjuicios causados por la comisión del delito o la falta.

Finalmente, destacar que, para evitar que la(s) víctima(s) acudan a un proceso penal y, posteriormente, a un proceso civil donde se demanden los daños y perjuicios, por economía procesal el Juez penal puede entender de ambos tipos de responsabilidades. Es decir, en un mismo proceso se revisan todas las responsabilidades. Sin embargo, se el perjudicado puede reservarse las acciones civiles para ejercitarlas en un juicio civil ulterior (art. 109 CP). Se ha de decir que el art. 116 CP establece que el responsable criminalmente también lo es civilmente.

COSTAS PROCESALES

Por costas procesales (arts. 123 y 124 CP) se entienden aquellos gastos en los que cada parte involucrada en un proceso debe hacer frente, como pueden ser los honorarios de la defensa o los gastos de algunas actuaciones procesales (publicación de edictos), entre otros. Estas costas se imputarán a los responsables criminalmente.

Según el art. 124 CP, las costas comprenderán:

  • Los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales.
  • Los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

En resumen, el condenado por delito o falta, además de las sanciones penales, deberá restituir, reparar o indemnizar por los daños y perjuicios causados (responsabilidad civil) y deberá hacer frente a las costas procesales (si se quiere, “responsabilidad procesal”).

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