Consecuencias jurídicas (IV): Las reformas de la LO 5/2010


El pasado 23 de junio de 2010 se publicó en el BOE la “Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal“, que entrará en vigor el día 23 de diciembre de 2010.

Entre otras, ha reformado alguno de los artículos de los que ya se ha hecho mención en entradas anteriores, por lo que en este comentario se hablará de las modificaciones que introducirá en cuanto a los aspectos generales de las penas y de las medidas de seguridad.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Hasta esta reforma, las personas jurídicas “no” tenían responsabilidad penal, excepto en algunos casos en los que, indirectamente, algunas medidas penales les podían afectar. A partir de diciembre, las personas jurídicas SERÁN RESPONSABLES PENALMENTE.

PENAS

  • Se ha modificado el listado de penas graves, menos graves y leves:
    • Se introduce la privación de la patria potestad como pena grave, que se configura como una pena privativa de derechos (art. 39.j CP). Se amplían los casos en que puede imponerse ésta como pena accesoria (art. 55, 56.1.3º CP).
    • La localización permanente se divide y será pena menos grave si es de tres meses y un día a seis meses, y pena leve si es de un día hasta tres meses. Cabe recordar que, hasta diciembre, ésta es una pena leve y el máximo es de 12 días.
    • Será también pena menos grave la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Este tipo de “pena” se aplica en el ámbito administrativo, siendo requisito para poder solicitar alguna ayuda, subvención, beneficio o incentivo económico estar al corriente de los pagos tributarios; a partir de diciembre, tampoco podrá solicitarse ayuda, subvención, beneficio o incentivo alguno si la persona jurídica ha sido condenada.
    • Las penas impuestas a las personas jurídicas tendrán la consideración de graves, y serán las establecidas en el nuevo apartado 7 del art. 33 CP.
  • Se introducen modificaciones en la clasificación del condenado en tercer grado (art. 36.2 CP).
  • Se modifica la pena de localización permanente. Además de clasificarse como pena menos grave y leve según el tiempo de condena, el límite máximo de cumplimiento será de seis meses, coincidiendo así con el -hasta ahora – límite mínimo de la pena de prisión. El lugar de cumplimiento podrá acordarse tanto en la sentencia como en auto motivado posterior y, en el caso de cumplirse los sábados, domingos y festivos, el lugar será el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado. Se añade la posibilidad de utilizar medios mecánicos o electrónicos para garantizar el cumplimiento efectivo.
  • En cuanto a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, el Código Penal especifica que se refiere tanto a la regulada en el Código Civil como en la legislación civil, en su caso, de las Comunidades Autónomas.
  • La privación del derecho a residir en lugares determinados o acudir a ellos puede adoptarse también en la comisión de faltas, no sólo de delitos como hasta ahora (art. 48.1 CP).
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad también consistirán en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
  • En cuanto a las multas (sistema días-multa) impuestas a personas jurídicas:
    • El límite máximo será de cinco años. Puede entenderse que el límite mínimo será el mismo que las impuestas a las personas físicas, diez días.
    • La cuantía mínima será de 30 euros, y la máxima, de 5.000 euros. Cabe recordar que estas cuantías son diarias.
    • En conclusión, podrán imponerse multas a personas jurídicas desde 300 euros (10 días, 30 euros por día) hasta 9.000.000 de euros (5 años, 360 días cada año, 5.000 euros por día).
    • El art. 52.4 CP establece qué ha de ponderarse a la hora de fijar la cuantía y el tiempo de la multa, y fija unos criterios según la pena que el Código Penal prevea en caso de persona física.
    • El pago puede fraccionarse si peligra la supervivencia de la persona jurídica.
  • Se puntualiza el procedimiento de abono de la libertad provisional – un mismo período no podrá ser abonado en más de una causa – y se añade un artículo donde se establece el procedimiento de aplicación de penas impuestas a personas jurídicas (art. 66 bis CP).
  • Cuando se suspende la pena, se añade la posibilidad de obligar al reo a participar en programas de defensa del medio ambiente y de protección de los animales, además de los existentes (educación vial, sexual, laborales…).
  • En cuanto a la sustitución de la pena (art. 88 CP), una pena de prisión igual o inferior a seis meses puede sustituirse por la localización permanente. A estos efectos, un día de prisión equivale a un día de localización permanente. Si la condena es por un delito de violencia de género, NO podrá sustituirse la pena por multa, sólo por trabajos en beneficios de la comunidad o por localización permanente, siempre en lugar distinto y separado del domicilio de la víctima del delito.
  • Finalmente, se modifica el procedimiento de sustitución de penas a personas extranjeras no residentes legalmente en España (expulsión del territorio nacional). Remarcar cinco aspectos:
    • Debe haber previa audiencia no sólo del Ministerio Fiscal, sino también del penado y de las partes personadas.
    • El plazo de prohibición de regreso a España varía en función de la pena sustituida y de las circunstancias personales del penado. Oscila entre 5 y 10 años.
    • Si regresa antes del plazo fijado, no se entregará a la Autoridades gubernamentales para su expulsión, sino que cumplirá la pena que fue sustituida.
    • Se puede ordenar el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros para su expulsión, aunque el extranjero no quede privado de libertad en la ejecución de la pena impuesta. Es decir, aunque la condena no conlleve privación de libertad, podrá acordarse ésta a los efectos de su expulsión.
    • Si no puede cumplirse la expulsión, el extranjero cumplirá la pena, a no ser que se suspenda o se sustituya según lo establecido en el Código Penal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

  • Se añade la libertad vigilada como una medida de seguridad no privativa de libertad. estará sujeta al mismo procedimiento de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión que las medidas privativas de libertad (el Juez de Vigilancia Penitenciaria elevará anualmente una de estas propuestas).
  • Se ordenan los arts. 97 y 98 CP: este última regula todo el procedimiento de mantenimiento, ceses, sustitución y suspensión de las medidas de seguridad.
  • Se aclara que el rechazo por parte del sujeto de la medida de seguridad de someterse a un tratamiento médico o continuar con él, aunque previamente hubiera consentido, NO se considera como quebrantamiento de la medida.
  • Se modifican las medidas que contiene el art. 105 CP.
  • La norma que contiene el art. 106 CP pasa a estar en el último párrafo del art. 105 CP.
  • El art. 106 CP regula la libertad vigilada. Aunque se analizará en un comentario posterior, hay que remarcar aquí que rompe con la concepción clásica de la medida de seguridad, pues la sentencia DEBERÁ IMPONER LA LIBERTAD VIGILADA PARA SU CUMPLIMIENTO POSTERIOR A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, siempre que así lo disponga expresamente el Código Penal.

CONCLUSIONES

A grandes rasgos, se puede decir que la reforma actúa en cuatro grandes apartados, además de modificar y ordenar en aspectos más concretos del Código Penal:

  1. Las personas jurídicas son responsables penalmente. Por ello, varios artículos se destinan a la regulación de la responsabilidad de este “nuevo sujeto penal”.
  2. Se aboga por la (re)educación del autor: es posible obligarle a acudir a programas de diferente índole donde antes no era posible, y se amplía la lista de programas (de protección del medio ambiente y de protección de los animales).
  3. Se añade la localización permanente como pena.
  4. Se añade la libertad vigilada como medida de seguridad.

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