Consecuencias jurídicas (II): Las medidas de seguridad


El objetivo de las medidas de seguridad es radicalmente diferente al de las penas. Valga la redundancia, se trata de “asegurar” a la sociedad con respecto del autor del ilícito penal, quien, por sus circunstancias personales, es inimputable – o semiimputable -, no se le puede imponer una pena “porque no la entendería”. Si la finalidad de una sanción es reeducar, ¿qué sentido tiene sancionar a un menor de 5 años, o a un demente? Pero tampoco tendría sentido no actuar y dejar que continuara con su actitud. Aquí es donde entran las medidas de seguridad, bien como sustitutivas de las penas – cuando el autor es inimputable –, bien como complementarias de éstas – cuando es semiimputable.

En cuanto al ámbito subjetivo de estas medidas, los artículos que las regulan remiten a los supuestos regulados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 20 del Código Penal. Así pues, se aplicarán a:

Art. 20 CP.- Están exentos de responsabilidad criminal:

  1. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.
  2. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
  3. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
  4. […]

En otras palabras, podrán imponerse las medidas de seguridad a enajenados mentales, a personas drogodependientes y a personas con graves alteraciones de la conciencia.

Pero además del requisito subjetivo, el art. 95.1 CP exige:

  1. Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
  2. Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.

La máxima “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” también es de aplicación en las medidas de seguridad: no basta con que el sujeto se encuentre en un estado de enajenación mental y que pueda cometer un ilícito penal, sino que debe cometer un delito para poder imponerle una medida de seguridad. Y se ha de destacar que se habla de “hecho previsto como delito“, por lo que las faltas quedan al margen de las medidas de seguridad; esto es, no puede imponerse una medida de seguridad por la comisión de una falta. Además, debe existir un riesgo futuro de volver a delinquir; de ahí que se diga que la base de las medidas de seguridad sea la peligrosidad del sujeto. Para deducir este “pronóstico de comportamiento futuro” y las circunstancias subjetivas del autor de los hechos, el Juez recabará los informes médicossobre todo – que estime convenientes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Las medidas de seguridad se aplican tanto a delitos que llevan aparejada pena privativa de libertad como a delitos que llevan aparejada una pena de diferente índole. En el primer caso, podrá consistir en el establecimiento de alguna de las medidas previstas apartado 3º del art. 96 CP (medidas no privativas de libertad) o, si fuera necesario,  en alguna de estas medidas privativas de libertad:

  1. El internamiento en centro psiquiátrico: enajenados mentales (art. 101 CP). El Código Penal, cuando se refiere a estos centros, habla de “establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración”, sin especificar qué tipo de centros concretos. Lo normal es que la sentencia establezca el centro, pero puede ser que no sea así.
  2. El internamiento en centro de deshabituación: personas drogodependientes (art. 102 CP). El centro puede ser público o privado; en este último caso, debe estar debidamente acreditado u homologado.
  3. El internamiento en centro educativo especial: enajenados mentales y personas con graves alteraciones de la conciencia (art. 103 CP)

El sujeto al que se le imponga una medida de seguridad privativa de libertad sólo podrá abandonar el centro con autorización del Juez o Tribunal – según el caso – sentenciador. Este procedimiento de autorización se regula en el art. 97 CP, en el que también participa el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Además de estas medidas privativas de libertad o de las previstas en el art. 96.3 CP, el Juez podrá observar alguna o algunas de las medidas que se detallan en el art. 105 CP.

Referente a la duración de la medida de seguridad, los artículos que las regulan no establece un tiempo límite para cada una de ellas, sino que la duración vendrá determinada por el tipo delictivo cometido: si comete un delito de lesiones, cuya pena es privativa de libertad de entre 6 meses y 3 años, se le impondrá una medida de seguridad con un límite máximo de 3 años. Este límite se ha de establecer en la sentencia. Se ha de destacar que las medidas de seguridad han de ser revisadas, al menos, una vez al año. El procedimiento de revisión será el establecido en el art. 97 CP. El establecimiento de un mecanismo de revisión y su obligación, al menos, anual – cosa que no pasa en las penas – se justifica por el objetivo de la medida de seguridad: se “aísla” al sujeto por su peligrosidad pero, en cuanto ésta desaparezca, no tiene sentido continuar con la medida. ¿Tendría sentido imponer una pena por el plazo que falte hasta cumplir el límite fijado en la sentencia? Es decir, si de los 3 años de medida de seguridad fijado, se revisa al primero y resulta que el Juez entiende que no debe continuarse con la medida de seguridad, ¿debe cumplir los dos años restantes como pena – y, por tanto, en un centro penitenciario?

MEDIDAS DE SEGURIDAD NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Si el delito cometido conlleva una pena no privativa de libertad, la medida de seguridad será no privativa de libertad, y se impondrá una de las contempladas en el apartado 3º del art. 96 CP. Cabe remarcar que el listado que se establece es tasado, esto es, sólo podrá imponerse una de las medidas que contempla. Este tipo de medidas son , por citar algunos ejemplos, la inhabilitación profesional, la expulsión del territorio nacional – si el autor es extranjero no residente legalmente en España -, la obligación de residir en un lugar determinado, la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, o el sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros similares.

Debe hacerse especial mención a las dos primeras medidas, la inhabilitación y la expulsión del territorio nacional:

  • En cuando a la primera, el Juez, en base al art. 107 CP, podrá acordar la inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por tiempo de uno a cinco años si el sujeto, comprendido en uno de los tres primeros apartados del art. 20 CP (es decir, inimputable), hubiera cometido el delito con abuso de dicho ejercicio o en relación con él.
  • Referente a la segunda, el art. 108 CP prevé la posibilidad de una medida sustitutiva, la expulsión del territorio nacional, si el sujeto es extranjero no residente legalmente en España. Sólo excepcionalmente y de forma motivada, puede acordarse el cumplimiento de la medida de seguridad en España. En el caso de que sea expulsado, no podrá regresar a España en los siguientes 10 años desde la fecha de expulsión. Cabe destacar que es una medida sustitutiva: la expulsión en sí es una medida de seguridad. El objetivo se consigue con creces: asegurar la sociedad (española) con respecto al sujeto expulsado. La motivación de esta medida es puramente económica: ¿por qué debe contribuir económicamente la sociedad española para imponer una medida de seguridad a una persona extranjera que no ha contribuido económicamente en España? De ahí que sólo afecte a los extranjeros NO residentes legalmente en España; quedan al margen de la aplicación de esta medida los extranjeros residentes legalmente, porque se entiende que han contribuido económicamente y tienen “derecho” a que se les aplique la medida de seguridad.

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