Consecuencias jurídicas (I): Las penas


La mayoría de personas asocian “derecho penal” con “pena” y ésta con “prisión”. En efecto, el derecho penal puede disponer o prever penas que comporten prisión para el condenado. Sin embargo, este tipo de penas, característico del derecho penal, no es el único que puede imponerse al amparo de esta rama del ordenamiento jurídico. En efecto, existen “otros tipos” de penas: penas corporales, que afectan a la integridad física del reo y son, por ejemplo, torturas o la pena de muerte – este tipo de pena está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico actual -; penas infames, que afectan al honor, como la degradación en la comisión de delitos militares; penas privativas de libertad, que es el tipo de pena paradigmática, la más restrictiva en nuestro sistema jurídico y reservada a (algunos) delitos – no faltas -; penas privativas de otros derechos; y penas pecuniarias.

Art. 32 CP .- Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.

(NOTA: Se ha de destacar que existe un Código Penal Militar, regulado por la Ley Orgánica 13/1985, y que puede prever otros tipos de penas, como el confinamiento, el destierro o la deposición de empleo – art. 24 CPM)

Tal y como establece este artículo, las penas que contempla el código penal en la actualidad son de tres tipos: privativas de livertad, privativas de otros derechos y multa. A su vez, atendiendo a su carácter impositivo, estas penas pueden imponerse como principales o accesorias; esto es, la pena que se imponga como accesoria lo será respecto de la principal. Ésto conlleva una serie de consecuencias relevantes, entre otras:

  • La pena accesoria acompaña a la principal y correrá su misma suerte. Por ejemplo, si la principal se suspende, la accesoria también.
  • Su existencia depende de la existencia de una pena principal: si no se impone una pena principal, no se puede imponer una pena accesoria.
  • La duración de la pena accesoria será la misma que la pena principal, salvo que se disponga expresamente otra duración (art. 33.6 CP).
  • Algunas penas accesorias serán de obligatoria imposición dependiendo del tipo de pena principal. Por ejemplo, si la pena de prisión es igual o superior a 10 años, se impondrá la inhabilitación absoluta (art. 55 CP); si es inferior, se impondrá la suspensión de empleo/cargo público, y/o inhabilitación especial para el derecho de sufragio, y/o inhabilitación especial para emplo /cargo público, profesión, industria, comercio… (art. 56.1 CP).

Las penas principales son las que, en cada ilícito, establece el código penal. En cambio, las penas accesorias son:

  • Inhabilitación absoluta (art. 55 CP).
  • Suspensión de empleo o cargo público (art. 56.1.1 CP).
  • Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena (art. 56.1.2 CP)
  • Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, si estos hubieran tenido relación directa con el delito cometido (art. 56.1.3 CP).
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos (art. 48.1 CP).
  • La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena (art. 48.2 CP).
  • La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual (art. 48.3 CP).

Ahora bien, el art. 33 CP establece otra clasificación: en función de la naturaleza y de la duración, las penas pueden ser graves, menos graves o leves. Este mismo artículo establece los parámetros para considerar la “gravedad” de la pena. Ergo, se ha de distinguir:

  • Con qué carácter se impone la pena: principal o accesoria, puesto que el tipo de pena y las consecuencias serán diferentes,
  • Cuál es su gravedad: grave, menos grave o leve, puesto que tendrá relevancia en cuanto a la prescripción, caducidad y anulación de antecedentes penales, y
  • Cuál es el tipo: privativa de libertad, privativa de otros derechos o multa, ya que de ello depende la forma de ejecución.

Finalmente, en cuanto a los tipos de penas que pueden imponerse conforme al Código Penal, cabe mencionar que éste no puede contemplar la pena de muerte (art. 15 CE), aunque sí puede preverse por las leyes penales militares en tiempos de guerra – aún así, actualmente el Código Penal Militar no la contempla -. Se tendría que añadir, aunque la Constitución no lo hace expresamente, que la pena de muerte se encuentra abolida para personas físicas, no así para personas jurídicas: existen supuestos en los que el Código Penal prevé el cierre y el cese de la actividad de una empresa, hecho que equivale a la “muerte” de éste. Existen, pues, dejando la pena de muerte, tres posibles tipos de penas que pueden imponerse a las personas físicas. A continuación se señalarán brevemente los rasgos principales.

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD (arts. 35 a 38 y 53 CP)

Art. 35 CP.- Son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

1) Prisión: la duración es de 3 meses a “20” años. ¿Quiere esto decir que el límite máximo de cumplimiento de la pena es de 20 años? Se ha de distinguir entre cumplimiento de la pena y la duración de la pena. Según el artículo 36, el límite de la duración de la pena es 20 años, sin perjuicio de que excepcionalmente se establezca un límite mayor. En cuanto a su cumplimiento, se ha de mencionar que, en el caso de acumulación de condenas, el límite máximo puede llegar a subir hasta 40 años (en el Código Penal anterior eran 30 años, y se ha de tener en cuenta porque hay condenas que aún se estñan cumpliendo con arreglo a ese código).

2) Localización permanente: su duración es máximo de 12 días, y se cumplirá permaneciendo en el domicilio en el lugar fijado por la sentencia. Podrá cumplirse de forma no continuada y durante los fines de semana (el art. 37.2 especifica “sábados y domingos“, sin incluir así el viernes en los fines de semana como sucede en otros casos).

3) Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa: se regula en la “Sección 4. De la multa“, en el artículo 53, y no en la misma sección que las dos anteriores. Comporta que, si no se paga la multa (penal), se privará de libertad al condenado. Esto es, se transforma la multa en privación de libertad, y el cómpute es el siguiente: 1 día por cada 2 cuotas no satisfechas. Si se impusa la multa por haber cometido una falta, podrá cumplirse, en vez de en prisión, mediante localización permanente, sin que rija el límite máximo de 12 días. Cabe señalar expecialmente que el impago puede darse bien voluntariamente, bien por no tener patrimonio suficiente: “si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio“.

PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS (arts. 39 a 49 CP)

1) La inhabilitación absoluta: de 6 a 20 años.

2) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en el CódigoPenal , o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho: de 3 meses a 20 años.

3) La suspensión de empleo o cargo público: de 3 meses a 6 años.

4) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores: de 3 meses a 10 años.

5) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas: de 3 meses a 10 años.

6) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos: hasta 10 años.

7) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal: de 1 mes a 10 años. Si se estableció en sentencia civil el régimen de visitas respecto a los hijos, éste queda en suspenso.

8 ) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal: de 1 mes a 10 años.

9) Los trabajos en beneficio de la comunidad: de 1 día a 1 año. Su imposición requiere el consentimiento del penado.

MULTA (arts. 50 a 52 CP)

La condena de multa consiste en una sanción pecuniaria. Su procedimiento de imposición y su procedimiento de ejecución son muy diferentes a los que se establecen para el resto de sanciones pecuniarias, esto es, multas o sanciones de carácter administrativo: éstas últimas pueden ser impuestas por la Autoridad administrativa como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionador y jamás conlleva aparejado la eventual transformación en pena privativa de libertad (si no sancionado no paga voluntariamente, la Administración iniciará un procedimiento de embargo y apremio), mientras que las multas – si se prefiere, para su distinción, “multas penales” –  sólo pueden ser impuestas por la Autoridad judicial por medio de sentencia y, como se ha visto, su impago comporta responsabilidad personal subsidiaria.

Existen dos “tipos” o sistemas de multa, a saber:

1) Días-multa. Es el sistema por defecto. La multa se establecerá a través de dos parámetros: el tiempo y el importe. En cuanto al primero, será diariamente; referente al segundo, variará de 2 a 400 euros. La duración de la pena será de 10 días a 2 años. Teniendo en cuenta estos requisitos, la multa mínima será de 2 euros al día durante 10 días (20 euros) y la máxima, de 400 euros al día durante 2 años (292.000 euros). La sentencia fijarà la cuentía concreta y su duración, teniendo en cuenta la situación económica del reo; ergo, si esta varía, también podrá modificarse – excepcionalmente y tras indagación – la variación tanto del importe como los plazos para satisfacerlo.

2) Multa proporcional. Este sistema sólo se aplicará si así está previsto expresamente. Se tendrá en cuenta para su imposición y determinación de la cuantía las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho y principalmente la situación económica del culpable; y será proporcional al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. Si la situación del reo empeorara, se podrá reducir el importe.

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