Las diferentes consecuencias penales


Tal y como se ha definido, el derecho penal tipifica una serie de hechos que considera inaceptable – y los califica como delito o falta – y les asocia una consecuencia o castigo. Así, por ejemplo, matar a otra persona conlleva una pena de prisión de 10 a 15 años. En este caso, el hecho es “matar” y la consecuencia es una “pena”, en concreto, de prisión.

Ergo, podría decirse que la pena es el resultado de la aplicación del derecho penal; se trata de la consecuencia jurídica que el ordenamiento prevé para la eventual comisión de los hechos calificados como ilícitos penales. El término “pena” deriva del latín poena y posee una connotación de dolor causado por un castigo. En otras palabras, la pena es el castigo impuesto por los poderes del Estado a una persona por no haber respetado la prohibición previamente establecida por el ordenamiento jurídico.

Sin entrar a analizar la justificación de la pena y resumiendo este tema en una línea, podría decirse que la pena – el castigo que ésta comporta – sirve para reeducar al reo, para que el infractor no vuelva a cometer ese ilícito penal. Ahora bien, existen personas que no entienden esta relación, por lo que la imposición de la pena no comportaría cambio alguno en el comportamiento del sujeto: no entienden el castigo, no entienden qué han hecho mal, no comprenden que el hecho es ilícito. El ordenamiento jurídico tiene en cuenta a estas personas y las exime de responsabilidad penal. Este tipo de personas son las llamadas inimputables o semi-imputables, y son enajenados mentales, personas intoxicadas “plenamente” por bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas… en definitiva, personas que tienen alterada su voluntad.

Conforme a lo que se ha explicado hasta ahora, un enajenado mental podría cometer un ilícito penal y no tener consecuencia jurídica alguna, por lo que podría cometer los delitos que “quisiera”. Nada más lejos de la realidad: que no se le imponga una pena no quiere decir que no se le pueda imponer ninguna medida jurídica. En estos casos, como se ha dicho, la pena no se ajusta debidamente, pues el fin que persigue es sancionar al culpable y evitar que vuelva a delinquir. En efecto, existen otro tipo de “penas” que se basan en la peligrosidad del sujeto, y no en la culpabilidad. Éstas son las llamas medidas de seguridad, que tienen un enfoque terapéutico. En estos casos, se trata de aislar a la persona y prevenir – durante un tiempo – a la sociedad de sus actos delictivos y de tratarlo desde una perspectiva médica.

En resumen, la diferencia básica entre la pena y la medida de seguridad es el fin perseguido en base al sujeto que cometió el ilícito penal: mientras que la pena se basa en la culpabilidad, la medida de seguridad se basa en la peligrosidad. La existencia y distinción de los dos tipos de “sanciones” penales es básica, fundamental y crucial: si se aplicaran penas en general a toda persona infractora, existirían casos de injusticia, y el Derecho se basa en la Justicia; si sólo se aplicaran penas a las personas que entendieran de la ilicitud del hecho y no existieran las medidas de seguridad, habrían personas que podrían cometer delitos sin que la sociedad pudiera hacer nada. La sociedad se convertiría en una víctima indefensa.

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