La responsabilidad penal del menor


Rajoy plantea crear reformatorios para niños de entre 12 y 14 años (ElPaís.com, 04/03/2010)

Este es el titular de la noticia publicada hoy en la edición digital de “El País”. Justo debajo, seguía diciendo:

El líder del PP pretende así evitar caso como el de El Rafita, que considera “inaceptables” y que transmiten sensación de “caos”.- El CGPG [Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del Poder Judicial] cree que no se debe legislar “desde el dolor de las víctimas”

Tal y como se encuentra la normativa penal en nuestro país, sólo pueden imponerse penas a los mayores de 18 años de edad. Así lo establece el artículo 19 del Código Penal:

Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código

Cabe señalar que no establece “menores de edad”, sino “menores de dieciocho años”, que efectivamente coincide con la mayoría de edad. Ahora bien, si se modificara la Constitución española y estableciera en su artículo 12 que la mayoría de edad es a los 16 o a los 21 años, este hecho no modificaría la responsabilidad penal, si no es modificando el Código Penal. Este apunte es, sin embargo, a nivel teórico, puesto que es muy improbable que se modifique esta edad.

La pregunta esencial es: ¿qué ocurre con las personas menores de dieciocho años? ¿Son irresponsables penalmente? Una persona de 17 años y 11 meses – por tanto, menor de edad – ¿no puede ser juzgado por el delito que ha cometido? La respuesta la encontramos en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. De esta ley, han de destacarse dos artículos:

Art. 1.1.- Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

Art. 3.- Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes.

En efecto, si bien el Código Penal no será de aplicación directa a los menores de 18 años, “sí” se aplicará indirectamente – con los matices que establezca – por la Ley orgánica 5/2000 a los menores que hayan cometido un delito o falta y tengan una edad comprendida entre los 14 y los 18 años. Cabe mencionar, aunque se hablará de ello con más detenimiento, que estos menores no serán “penados”; es decir, no se les aplicará una pena, sino una medida de corrección. En otras palabras, no irán a prisión, aunque sí a centros destinados a este fin.

No existe ningún criterio “biológico” para establecer las edades, tanto de mayoría/minoría de edad como la mínima para hacer responsable a un menor. Claro ejemplo es la historia de la mayoría de edad y el derecho comparado actual: algunos Estados establecen la mayoría de edad a los 16; otras a los 21 o 23; y el nuestro, en la actualidad, a los 18. Pero los criterios para fijar estas edades son “subjetivos” y son fruto de una decisión humana y, por ende, modificable. ¿Cómo se ha establecido la edad mínima para hacer responsable penal a un menor? La propia Ley orgánica 5/2000 establece, en su Exposición de Motivos, los criterios que han llevado al legislador a establecer la edad mínima en 14 años. Destacar, entre otros:

En segundo término, la edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce años, con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado (Exposición de Motivos, apartado I, párrafo 5º).

Parece, sin embargo, que este y el resto de criterios que la ley menciona se están poniendo en duda, y se quiere establecer el límite mínimo en 12 años. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que el legislador tuvo en cuenta casos como el de “El Rafita” mencionados por la noticia, y entiende que éstos son pocos y pueden resolverse sin la intervención penal del Estado: este ente posee varias herramientas, a parte del derecho penal, para ofrecer una respuesta con una eficacia igual o mayor que la que podría dar la vía penal. Además, la noticia menciona la posición del CGPJ, que habla de legislar desde la calma, y “no desde el dolor de las víctimas o a golpe de telediario”.

Finalmente, a parte de los criterios o motivos que llevaron al legislador a establecer la edad mínima a los 14 años, nos hemos de preguntar otra cosa realmente importante, y que es justificación del derecho penal en general:

Teniendo en cuenta que entre la comisión del hecho delictivo y la imposición de la medida penal transcurre cierto tiempo, y que el objetivo del derecho penal en general es reeducar a los “delincuentes” y que se reinserten en la sociedad, ¿cómo puede afectar esto a un menor de menos de 14 años? Trunca su educación y lo “aísla” parcialmente de las relaciones “normales” o “habituales” con su familia y con el resto de menores de su entorno, por lo que, quizá, en vez de reinsertarlos los estamos sacando de la sociedad. Además, están en proceso de educación, por lo que la reeducación no es posible hasta que se eduquen. Ergo, ¿no estaríamos creando “monstruos penales”?

Si la reforma llegase a producirse, ¿qué pasaría si un menor de menos de 12 años matara a los miembros de su familia con un arma de fuego – por ejemplo, de alguno de estos miembros – sin que sea consciente de lo que hace? ¿Se bajaría de nuevo la edad mínima?

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