Derecho y Estado


Como no podría ser de otra manera, antes de hablar de derecho penal o de cualquier otro tema “científico”, se ha de centrar el objeto de estudio. Ergo, primeramente han de resolverse algunas cuestiones previas, como puede ser qué es el derecho; en otros términos, ¿cuál es el motivo de ser de esta ciencia? ¿para qué sirve? La respuesta a estas preguntas tiene bastante relación con la concepción de Estado, sobre todo la rama penal del derecho, que será la temática de la próxima entrada.

Según el diccionario de la Real Academia Española, por “derecho” se entiende, entre otras cosas, el “conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.” Si bien no se entrará, al menos en este comentario, a discutir sobre el concepto de derecho, caben hacer algunas matizaciones.

El concepto ofrecido por el diccionario es el más intuitivo, pero técnicamente tiene algunas deficiencias, sobre todo en la idea final: ¿siempre se impone de manera coactiva? Más importante todavía:  ¿qué es “de manera coactiva”? Entendiendo este concepto como imponer el derecho utilizando la fuerza, bien física – fuerzas y cuerpos de seguridad -, bien institucionalizada – Poder Judicial -, es obvio que el derecho no siempre dispone de esta característica. Tal y como menciona la Real Academia Española, el derecho son “normas y principios”, y los principios no son imponibles en términos de coactividad. ¿Acaso el derecho a una vivienda digna es un principio coactivo? Ahora bien, si se entiende que la coactividad es un rasgo del derecho visto desde una perspectiva general y no caso por caso, puede decirse que sí, que las normas (no principios) que componen el derecho son coactivas, en bastantes casos. No sería lógico sostener que esto no es así, porque si el derecho regula “relaciones humanas” y no puede imponerse “la idea de justicia y de orden” que las normas que lo componen expresan, no podría existir una sociedad.

Otra deficiencia de este concepto intuitivo de “derecho” es su objeto. Tal y como se menciona, “regulan [los principios y las normas] relaciones humanas en toda sociedad”. La pregunta es: ¿sólo relaciones humanas? ¿Tienen cabida en “relaciones humanas” las normas y principios que hacen referencia a la creación, composición, funcionamiento y extinción de Instituciones? Finalmente apuntar que también menciona el ideal de “justicia”. ¿Qué es justicia? ¿Es la moral o es otra cosa similar? ¿Cómo se regula o se mide la justicia?

Es por ello que aquí se utilizará un concepto más técnico y amplio de derecho, sin entrar, tal y como se ha mencionado en el encabezado, en las deficiencias y/o consecuencias de éste. Por tanto, por derecho entenderé “el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales.” Aunque no exista consenso en la definición, está claro que el “derecho” es un conjunto de normas – algunas con poder coactivo – y de principios, que se establecen para regular una sociedad, tanto las relaciones humanas como las instituciones de esa comunidad, con el objeto de ordenar la vida social de los ciudadanos y de resolver los eventuales conflictos inherentes a esta convivencia.

El derecho se concreta en otro concepto, el “ordenamiento jurídico“, cuya interpretación y definición tampoco está consensuada, aunque este concepto evoca menos matices prácticos. En este blog me referiré a ordenamiento jurídico como el “conjunto de normas que constituyen una unidad lógico-formal, en el que, a partir de una norma fundamental [léase Constitución], se derivan las restantes“, tomando la perspectiva de KELSEN. En conclusión, un conjunto de normas ordenado, jerarquizado y coherente, sin contradicciones, que no quiere decir sin excepciones, pues ambos conceptos son diferentes y no deben confundirse.

En este blog me referiré a el ordenamiento jurídico relacionado con el Estado, puesto que existen diversos tipos: los “Diez mandamientos” y las normas eclesiásticas podrían formar un ordenamiento jurídico, y de hecho así fue, puesto que regularon el comportamiento humano y las relaciones de los habitantes; las normas que se establecen en un domicilio entre padres e hijos también podría ser “derecho”. Aquí se hará mención en todo momento al ordenamiento jurídico actualmente vigente en el Estado, entendiendo “Estado” en su conjunto, incluyendo por tanto el ordenamiento jurídico, si se prefiere, “central” y los ordenamientos jurídicos “forales” o de las diferentes Comunidades Autónomas. El derecho penal, sin embargo, es competencia del Estado y no de las Comunidades Autónomas, por lo que siempre se hablará del primero en esta materia.

Finalmente, cabe relacionar los conceptos aquí expresados con la introducción de la entrada. “Estado” es “un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado.” Como se puede notar, la definición no dista mucho de las aquí dadas para el concepto de “derecho”. Nos podemos preguntar qué fue antes o, mejor dicho, qué está por encima de qué: el Estado o el derecho. ¿El Estado crea el derecho, o es el derecho que crea al Estado? Sin entrar a responder técnicamente a esta pregunta, cuya respuesta requiere hacer referencia obligada al concepto de “soberanía”, me gustaría matizar que el derecho configura el Estado y es, a la par, su razón de ser y su brazo ejecutor o, si se prefiere, su canal de comunicación: el Estado, a través del derecho, se configura como tal [véase el artículo 1 de la Constitución Española], se dota de una norma que situará por encima de él y expresará su posición y cómo han de regularse las relaciones humanas a través de las normas que dicte. Ergo, el derecho es para el Estado lo que la voz es para nosotros: el medio de comunicación, con la diferencia que, en el primer caso, es también motivo de su existencia.

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