La viabilidad de la imputación de la Infanta Cristina (II)

Esta semana hemos conocido el el auto que resuelve las cuestiones previas del caso Noós. Si bien hace algunos meses se preveía que se aplicaría la doctrina Botín, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha desestimado todas las cuestiones previas de falta de legitimación.

La sección de noticias judiciales del portal del Consejo General del Poder Judicial resume brevemente los razonamientos jurídicos de la Sala para rechazar la aplicación de la llamada doctrina Botín:

El Tribunal desestima la cuestión previa de falta de legitimación en el juicio del caso Nóos, CGPJ

Se puede consultar el auto completo en el siguiente enlace (fuente: CGPJ).

La viabilidad de la imputación de la Infanta Cristina

Estos días ha sido noticia la imputación de la Infanta Cristina por parte del Juez Castro. Lejos de atacar o defender la decisión judicial, existen cuestiones técnico-jurídicas que dificultan -si más no- la viabilidad de la imputación.

En el blog de José María de Pablo, este abogado penalista analiza en la entrada titulada “200 folios para nada (o por qué la Infanta Cristina no se sentará en el banquillo)” dicha prosperidad a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice así:

Artículo 782
1. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 [sobreseimiento libre] y 641 [sobreseimiento provisional], lo acordará el Juez, excepto en los supuestos de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 20 del Código Penal, en que devolverá las actuaciones a las acusaciones para calificación, continuando el juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil, en los supuestos previstos en el Código Penal.

En la entrada explica la doctrina Botín, matizada posteriormente por la doctrina Atutxa, porqué es de aplicación al caso de la Infanta Cristina y cuál es el resultado:

En definitiva: el único efecto de este Auto será el mediático. Y, perdónenme la maldad, pero me temo que ese –y no otro- es el efecto buscado. ¿Merecen la pena 200 folios de fundamentación jurídica, robados a otros procedimientos sin relevancia mediática pero igual de trascendentes –todos los son en la jurisdicción penal-, sabiendo que esta imputación quedará en nada?

200 folios para nada (o por qué la Infanta Cristina no se sentará en el banquillo), por José María DE PABLO

El blog en Google Currents

IusVocatio en GoogleCurrents

Desde este fin de semana ya se encuentra disponible la edición digital del blog en Google Currents.

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De momento sólo se encuentran publicadas las entradas, pero en breve también se podrán consultar las leyes que actualmente están en la sección “Documentos”.

Para seguir el blog en Google Currents, se ha de tener instalada la aplicación en el dispositivo móvil (smartphone o tablet) y abrir el siguiente enlace: Ius Vocatio en Google Currents

La detención: supuestos y funciones

DetenidoLos supuestos legales de detención, entendida ésta como medida cautelar de privación de libertad de una persona, se encuentran regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), concretamente en los artículos 489 y siguientes. Desde otra perspectiva, toda detención de una persona es ilegal y se encuentra tipificada como delito en el Código Penal excepto si se da uno de los supuestos de hecho que contiene la LECrim. No puede ser de otra manera atendiendo a que la Constitución regula como derecho fundamental el “derecho a la libertad” (art. 17).

La regulación de estos supuestos de detención legal se agrupan en dos bloques según el sujeto que la realiza: por un lado, se listan las circunstancias en las que un ciudadano puede detener; por otra, aquellas en las que las autoridades o sus agentes (entre otros, policía) han de detener.

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Aspectos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

El titular de Justicia ya tiene en sus manos el informe de reformas para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de hace más de ciento treinta año y se antojaba antigua e incompleta a pesar de los más de 60 ‘parches’.

En la nueva ley se introduce, como en el resto del mundo occidental, la figura del fiscal instructor, un fiscal director de la investigación y de la policía. De esta forma, se incrementa el protagonismo de los fiscales en el proceso penal pero también con la introducción de un tribunal de garantías que proteja los derechos de los ciudadanos y al que puedan acudir en el caso de recurrir las decisiones del Ministerio Fiscal.

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